El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) brindó servicios a más de 7,19 millones de personas en 2024, pero solo 3,8 millones de ellas fueron afiliados activos que contribuyen mensualmente. Esta desproporción incluye a 848.180 pensionistas y 2,5 millones de dependientes que acceden a prestaciones sin aportes directos, generando una creciente tensión estructural y comprometiendo la sostenibilidad del sistema. La situación se agrava con el desembolso de $6.343 millones en pensiones en 2024 y una proyección de $6.900 millones para 2025, representando más del 70% del presupuesto anual del IESS. Adicionalmente, el Estado mantiene una deuda histórica de $27.389 millones con la institución, y el subsidio del 40% a las pensiones, que supera los $2.700 millones anuales, se considera insostenible en el actual contexto fiscal.

Ante esta realidad, las autoridades del IESS, incluyendo al presidente del Consejo Directivo, Édgar Lama, han reafirmado que la reforma de la seguridad social no incluirá cambios en la edad de jubilación ni en el porcentaje de aportes. La estrategia se centrará en el combate a la corrupción dentro de la institución y en un cambio del modelo hospitalario y del sistema de compras. La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador ha presentado demandas para aumentar las pensiones más bajas, impulsar una reforma integral a la Ley de Seguridad Social, reducir la burocracia, mejorar la atención médica y exigir el pago de la deuda estatal. Las mesas técnicas para definir la reforma se esperan iniciar en octubre de 2025, con el objetivo de tener un proyecto listo a finales de año, aunque el panorama se presenta complejo debido a los tiempos y los desafíos económicos.

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