Una de las novedades más significativas de la Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero es la ampliación de la información que los burós de crédito podrán considerar para calcular la calificación crediticia de una persona. Además de los datos tradicionales de endeudamiento bancario y cumplimiento crediticio, ahora también se incluirán pagos puntuales o atrasos en servicios básicos (agua, luz, gas), obligaciones tributarias y deudas relacionadas con el mercado de valores.

Este cambio tiene como finalidad que los burós cuenten con una visión más completa del comportamiento financiero de los individuos, especialmente aquellos que no tienen historial bancario tradicional. Se espera que esto beneficie a personas con buen comportamiento en servicios e impuestos, aunque también podría excluir a quienes tengan atrasos en obligaciones que antes no estaban consideradas en su puntaje crediticio.

Para operativizar esta medida, las entidades responsables deberán desarrollar mecanismos técnicos de intercambio de datos que garanticen la seguridad, privacidad y precisión de la información. Los nuevos criterios ya están vigentes bajo la reforma y serán aplicados gradualmente, teniendo en cuenta periodos de transición que permitan a los ciudadanos adaptarse al nuevo modelo de calificación crediticia.

Fuente: La Hora