Ecuador necesita USD 3.700 millones al año para evitar apagones y blindar su sistema eléctrico

Ecuador enfrenta un desafío estructural en su sistema eléctrico, ya evidenciado en los apagones de hasta 13 horas que ocurrieron en 2024, que fueron causados por la alta dependencia de la generación hidroeléctrica, la limitada diversificación energética y un entorno poco atractivo para inversión privada en el sector. Según el Informe sobre el Clima y el Desarrollo del País (CCDR) del Banco Mundial, la vulnerabilidad se intensifica con la variabilidad climática, pues la disponibilidad de agua —esencial para la generación hidroeléctrica, que aporta aproximadamente el 77 % de la electricidad nacional— está decreciendo por efectos del cambio climático.

El informe estima que, entre 2026 y 2050, Ecuador deberá destinar USD 3.700 millones anuales (equivalentes al 3,5 % del PIB cada año) para financiar un conjunto de proyectos que permitan diversificar la matriz energética hacia fuentes como solar y eólica, modernizar y hacer más resiliente la infraestructura eléctrica, propiciar la electrificación de sectores productivos y transporte, e impulsar eficiencia energética en toda la economía. Sin estos recursos sostenidos a largo plazo, la seguridad energética del país seguirá expuesta a choques climáticos y a eventos que podrían derivar en nuevos cortes de luz.

El documento advierte que, aunque en 2025 no se registraron apagones por la estabilidad de las lluvias, no hubo cambios estructurales en el sistema, por lo que la amenaza persiste. Además, señala que el Gobierno ecuatoriano enfrenta dificultades fiscales, con déficits acumulados de más de USD 5.000 millones en años recientes, lo que limita su capacidad de financiamiento público para cubrir íntegramente esas inversiones necesarias. Por ello, especialistas llaman a impulsar la participación privada en la inversión del sector energético, ya que actualmente representa solo alrededor del 4 % de la inversión total, frente a un promedio de casi 40 % en otros países de América Latina.

La falta de inversión privada, además de la debilidad normativa y un mercado financiero poco desarrollado, se identifica como una barrera que frena la entrada de capitales en energía renovable y en infraestructura eléctrica. Sin reformas estructurales que mejoren las condiciones para inversión y reduzcan distorsiones como subsidios energéticos y alto riesgo regulatorio, la transición hacia un sistema más diverso y resiliente no puede financiarse solo con recursos públicos, advirtió la consultoría citada.

En resumen, Ecuador enfrenta una situación de fragilidad energética que requiere inversiones sostenidas y profundas reformas para diversificar la generación, fortalecer su infraestructura eléctrica y evitar que fenómenos climáticos continuos generen crisis de suministro, con costos económicos y sociales significativos si dicha transformación no se financia e implementa de manera oportuna.

Fuente: La Hora