El riesgo patrimonial, la 'cara frágil' de un sistema cooperativo en purga de Ecuador

El mercado de cooperativas de ahorro y crédito no solo destaca por la expansión que han tenido las instituciones más grandes, que hoy, por su tamaño en activos, se igualan al negocio bancario. Esta industria también muestra su otra cara: la fragilidad, que se refleja en la salida progresiva de cooperativas de menor tamaño. Hasta mayo de este año, 38 entidades estaban en liquidación forzosa.

Según una reciente publicación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Ambato concentra el 36,8 % de todas las liquidaciones registradas en el país, seguida de Quito, con el 26,3 %, y Cuenca, con el 21,1 %. Guayaquil y Portoviejo representan conjuntamente el 15,8 % restante.

La eliminación de estas instituciones se da en un contexto de reestructuración del mercado, marcado por una alta tasa de morosidad que afecta al sistema (superior al 8 %, frente al 3 % de la banca privada), agravando una cartera improductiva que hoy pone en riesgo el patrimonio de las entidades, sobre todo de las más débiles.

Cooperativas: Alta vulneración patrimonial

Desde el pasado 5 de mayo, EXPRESO ha venido solicitando a la SEPS una entrevista para hablar sobre las reformas que se aplican en el sector, pero aún se sigue esperando una respuesta. No obstante, las cifras oficiales disponibles hablan de esos riesgos al revelar un deterioro constante y generalizado en la seguridad patrimonial de los tres segmentos.

En 2020, la cartera improductiva del segmento 1, donde se encuentran las cooperativas más grandes (con más de $ 80 millones en activos), representaba el 18 % del patrimonio. Sin embargo, ese indicador dio un salto el año pasado al ubicarse en el 44 %. Este año, hasta marzo, ya alcanzaba el 45 %. En el segmento 2, en cambio, esa tasa pasó del 18 % al 38 % en 2025; mientras que en el segmento 3 aumentó del 30 % al 40 %.

El FMI sugiere fortalecer supervisión

La situación de este mercado ha sido objeto de observación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, en su quinta revisión del programa de financiamiento que mantiene con Ecuador, sugirió seguir fortaleciendo la supervisión y la regulación de este sector.

Si bien el sistema cooperativo, visto en su totalidad, se mantiene estable -con más de $32.600 millones en activos y un índice de liquidez del 35,3 %-, los indicadores de solidez financiera, dijo el organismo, siguen siendo muy heterogéneos entre las instituciones, pues persisten vulnerabilidades debido a la baja calidad de los activos, escasos colchones de capital y una baja o incluso negativa rentabilidad.

Para Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icorred), el panorama actual del sistema responde a un efecto tardío de la pandemia. El fin de los alivios financieros, combinado con un “cóctel” de factores externos (paro, inseguridad, cortes de energía y desastres naturales) que estancaron la economía popular, ha transparentado la realidad de esta industria y ha impedido que los clientes rurales y los microempresarios paguen sus créditos.

“No quiere decir que no se haga la gestión de cobro; ha tocado provisionar más y eso ha venido afectando. Y esa es la razón principal por la que se ha incrementado esta vulnerabilidad patrimonial”, refiere.

Cooperativas: ¿Hacia a dónde deben apuntar los controles?

odo esto, señala Guerrero, contribuiría a fortalecer el sector “sin afectar los procesos de inclusión financiera que las cooperativas han generado a nivel rural, en zonas urbanas más alejadas y en los sectores más excluidos”.

A esta receta, Peñaherrera añade la necesidad de flexibilizar la norma en ciertos casos. Hay cooperativas que, pudiendo ejecutar nuevos modelos de negocio, no pueden hacerlo -como factoring o compra de cartera-, perdiendo así una oportunidad para fortalecer su patrimonio. Por último, también considera oportuno diseñar un plan de ordenamiento del mercado para regular la apertura de oficinas y, con ello, evitar la sobreoferta en determinadas zonas y mitigar el sobreendeudamiento.

Fuente: EXPRESO