Gobierno de Ecuador presenta proyecto de ley energética donde define cómo será la delegación de proyectos al sector privado

El Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía con carácter de urgente en materia económica, siendo esta la tercera iniciativa legal que envía para reformar el sector eléctrico del país.

Una de las partes centrales de esta propuesta de ley es la modificación al artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee). Esta reforma busca incorporar criterios que permitan al Estado delegar de manera excepcional la participación en actividades del servicio público de energía eléctrica —como la generación, operación y mantenimiento— a través de procesos públicos de selección, incluyendo a empresas privadas, estatales extranjeras o de economía popular y solidaria cuando se cumplan circunstancias técnicas o económicas específicas.

El proyecto responde, en parte, a un fallo de la Corte Constitucional de diciembre de 2025, que declaró inconstitucional una parte de la Lospee que permitía concesiones amplias por “interés público”; el Gobierno busca redefinir y precisar las condiciones bajo las cuales se pueden hacer estas delegaciones, evitando ambigüedades y estableciendo límites técnicos, económicos y temporales claros.

La reforma propuesta incluye condiciones específicas en que la delegación al sector privado puede darse, entre ellas: retrasos prolongados en proyectos dentro del Plan Maestro de Electricidad; déficit energético o riesgo de colapso del sistema; imposibilidad técnica o económica de que el sector público ejecute proyectos eficientes; y cuando la participación privada ofrezca condiciones más favorables de financiamiento y gestión.

Además, la iniciativa establece que estas delegaciones excepcionales podrán tener contratos de hasta 30 años, contados desde el inicio de la operación comercial, y que el Estado mantendrá siempre la rectoría, regulación, control y fiscalización del servicio eléctrico, sin transferir la titularidad del mismo.

El proyecto también introduce figuras como el Distrito Autónomo Energético (DAE), que permitiría a empresas con generación propia abastecerse e incluso poner excedentes a disposición del sistema nacional bajo criterios regulatorios. Asimismo, se propone priorizar el despacho de energía de fuentes renovables de bajo costo y optimizar criterios técnicos para reducir costos de generación en el país.

En síntesis, la ley busca generar mayor claridad jurídica para atraer inversión privada en proyectos eléctricos, enfrentar el déficit de generación —estimado en cientos de megavatios— y mantener la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, al tiempo que se redefine la participación de actores públicos y privados bajo un marco normativo más preciso y técnico.

Fuente: Primicias