Gremios empresariales rechazan sentencia de la Corte Constitucional sobre inversiones en energía eléctrica

Empresas y organizaciones como la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio de Guayaquil manifestaron su preocupación y desaprobación ante una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional una de las causales que permitía al Estado delegar servicios eléctricos al sector privado bajo el argumento de interés público.

Los gremios, alineados con la postura del Gobierno, sostienen que esta decisión representa un retroceso para la inversión privada y disminuye la claridad normativa necesaria para promover la participación del sector privado en el mercado eléctrico, afectando la competitividad y la sostenibilidad del abastecimiento energético en el país.

Organizaciones como la CINAE (Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana) calificaron la decisión como una interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad constitucional, lo que limitaría la capacidad del Ejecutivo para reaccionar ante las necesidades del sistema eléctrico.

El sector exportador advirtió que la medida reduce el margen para canalizar inversión privada en energía, lo que puede incidir negativamente en la producción y en la competitividad de Ecuador.

Ante estas reacciones, gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil han propuesto reformar la Ley de Electricidad o incluso promover ajustes constitucionales para definir con claridad los criterios de participación privada en sectores estratégicos.

Aunque la Corte aclaró que mantiene vigentes la mayoría de reformas y que la sentencia no prohíbe la inversión privada ni paraliza proyectos eléctricos, la interpretación de los gremios y del Ejecutivo es que la limitada causal restante puede inhibir la atracción de capitales para el sector.

Fuente: Primicias