Reformas a la Ley de Inquilinato en Ecuador: controles a estafas y poner en orden la informalidad

La informalidad, denuncias y estafas afectan al mercado inmobiliario por lo que en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se analiza el proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato para fortalecer la seguridad jurídica y adecuar la normativa, previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Adrián Rodríguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, señaló que la normativa vigente data de 1965, con una última actualización hace 26 años.

Mencionó que el gremio ha sugerido no solo como un requisito, sino como un mecanismo de política pública, promover la formalidad de los contratos e inscribirlos.

Agregó que el Gobierno, a través de las notarías, podría conocer la informalidad que atraviesa el mercado de alquileres en el que estimó que apenas entre el 15% y el 17% de los contratos de inquilinato están registrados.

Eso, indicó, desencadena problemas de recuperación de inmuebles por parte de los propietarios, desincentiva el incremento o la oferta de bienes para alquiler a largo plazo.

Alquileres temporales y garantías

El alquiler temporal se vuelve más rentable y más seguro por las pólizas y garantías que ofrecen diferentes plataformas.

Otro tema importante es la mediación y el arbitraje, antes de un proceso de litigio formal, que sería una primera opción en la que se establezca un plazo máximo que podría ser de 30 días para recurrir a este mecanismo.

Respecto al canon de arriendo, indicó que es importante esa garantía porque le permitirá al propietario solventar los desperfectos o valores adeudados por parte del arrendatario. Argumentó que hay incumplimientos contractuales. En promedio tardan entre siete y ocho meses para resolverse en la justicia ordinaria.

El dirigente gremial indicó que las estafas del mercado inmobiliario se cometen a diario por el entorno digital. Indicó que hay personas que suben fotos de un inmueble, solicitan anticipos y depósitos con valores irreales. A modo de ejemplo contó un caso en el que un departamento en La Carolina, en el centro norte de Quito, cuesta $500, pero en esos anuncios el alquiler es de $250 y hay gente que deposita dinero.

¿Cuántas denuncias de estafas y abuso de confianza se han presentado?

Según la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, bajo el escudo de una red social, hay personas que se promocionan como agente inmobiliario lo que ha causado que existan entre 3.000 y 4.000 denuncias de estafas, abuso de uso de confianza, entre otros factores, en el ámbito inmobiliario.

Rodríguez mencionó que al ser un país dolarizado Ecuador es vulnerable al lavado de activos en el que, si bien hay seguimiento de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a su criterio no se ha regulado de la forma adecuada.

La normativa vigente establece que toda autorización para arrendar o vender un inmueble debe ser por escrito; no obstante, hay acuerdos verbales que se transforman en la semilla de la informalidad y no hay responsabilidad judicial.

Las empresas legales tienen protocolos de prevención de lavado de activos y de reporte a la UAFE, algo que no ocurre en el sector informal, acotó Rodríguez.

“Hay control para comprar un auto, y no hay control para comprar una propiedad”, expresó Juan Fernando Vinueza, miembro de una compañía inmobiliaria.

Uno de los vacíos legales para él es la inexistencia de un registro único para empresas que intermedian en bienes raíces con lo que hay una desprotección ante actividades informales y con ello hay más exposición a estafas.

Según el asambleísta Keevin Gallardo, en el último censo nacional de vivienda, 36 de cada 100 hogares en Ecuador mantienen contratos de arrendamiento. Planteó establecer mecanismos técnicos para la fijación de garantías de tal forma que el monto corresponda al costo de reparaciones que deban realizarse por el desgaste y uso del inmueble.

Propuestas de cambios a otras normativas

Gallardo es partidario de que se establezca un procedimiento sumario, previsto en el Código Orgánico de Procesos (Cogep), para reclamar su devolución en caso de controversia.

Para establecer el alquiler de un inmueble se toman en cuenta, entre otros factores, nivel de desarrollo, ofertas, costos de mantenimiento, metraje, estado de conservación, detalle del mobiliario.

Rodríguez mencionó que impulsan reformas a la Ley de Corredores de Bienes Raíces y Empresas Inmobiliarias porque para ejercer esa profesión se debe exigir un título de tercer nivel porque se han creado carreras en ese sentido, crear un registro único inmobiliario nacional para que un cliente pueda cerciorarse de la identidad de quien oferta la actividad, y la regulación y sanciones a quienes no estén acreditados académica y formalmente.

La cámara agrupa a 178 miembros que están divididos entre empresas, asociaciones provinciales y profesionales del sector en el que trabajan unas 3.800 personas. El sector inmobiliario generó entre $1.500 y $2.000 millones en 2025. (JGP)

Fuente: La Hora