Siete de cada diez edificaciones en Quito no pasaron por todos los permisos y controles formales

Los recientes sismos registrados en distintos países de la región vuelven a poner sobre la mesa un riesgo que para Ecuador no es nuevo: el país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y convive de manera permanente con la amenaza de terremotos.

Pero el problema no es solamente la fuerza de un eventual movimiento telúrico. También está en lo que encuentra ese terremoto cuando llega: edificios diseñados para resistirlo, estructuras que fueron ampliadas sin considerar su capacidad o viviendas construidas sin controles técnicos.

Ahí aparece una de las mayores vulnerabilidades económicas del país. Un terremoto no solo puede provocar pérdidas humanas; también puede destruir viviendas, afectar negocios, paralizar actividades productivas y generar enormes costos de reconstrucción para las familias y el Estado.

Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, sostiene que Ecuador ya cuenta con una herramienta fundamental: la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que establece parámetros técnicos para que las edificaciones tengan condiciones de sismorresistencia.

El problema, explica, está en qué grado se cumple esa normativa. “El Ecuador tiene una normativa de construcción sismorresistente bastante buena. El problema es cuánto se cumple esa normativa”, apuntó.

Siete de cada diez edificaciones en Quito no pasaron por todos los permisos y controles formales

Según Proaño, a través de información levantada por Constructores Positivos, en Quito alrededor del 30% de las construcciones serían formales y habrían pasado por procesos en los que participan arquitectos, ingenieros y autoridades mediante permisos y controles.

El 70% restante correspondería a edificaciones que no necesariamente han sido sometidas a esos procesos.

Se trata de una estimación planteada por el representante del sector y no de un registro oficial sobre el universo de construcciones de Quito. Sin embargo, permite dimensionar el problema que enfrenta una ciudad en la que una parte importante de su crecimiento urbano se ha producido mediante ampliaciones, autoconstrucción y modificaciones de viviendas existentes.

El riesgo aumenta cuando un edificio o estructura es alterada sin conocer sus límites

Un ejemplo es la construcción de nuevos pisos sobre una vivienda que originalmente no fue diseñada para soportar ese peso. También existen casos en los que se utilizan menos elementos estructurales de los necesarios o se realizan cambios que afectan la resistencia de la edificación.

En condiciones normales, estas decisiones pueden pasar inadvertidas. Durante un terremoto, pueden convertirse en un factor determinante.

Por eso, Proaño plantea que Ecuador no debería esperar a que ocurra un gran sismo para identificar las edificaciones vulnerables.

“No podemos esperar a que ocurra un terremoto para descubrir cuáles son las edificaciones vulnerables”.

Más de 700.000 viviendas requieren atención en Ecuador

El desafío se vuelve todavía mayor cuando se cruza el riesgo sísmico con el déficit habitacional.

Según el planteamiento expuesto por Proaño, existen más de 700.000 viviendas (puede llegar a 1,2 millones de viviendas) en Ecuador que presentan condiciones que requieren atención. La cifra evidencia que la discusión sobre vivienda no puede limitarse a construir más unidades: también debe considerar dónde están, cómo fueron construidas y qué capacidad tienen para resistir un evento natural.

Esto tiene una dimensión económica directa. Para una familia, perder una vivienda significa perder uno de sus principales activos. Para el Estado, un terremoto de gran magnitud puede traducirse en recursos destinados a emergencia, albergues, infraestructura, reconstrucción y rehabilitación.

Y para la economía, el impacto puede extenderse mucho más allá de las zonas afectadas: negocios cerrados, interrupciones en el transporte, daños en infraestructura pública y privada y pérdida temporal de capacidad productiva.

Por eso, evaluar y reforzar las edificaciones existentes puede ser, además de una política de prevención, una forma de reducir los costos económicos de un desastre.

La propuesta: revisar las casas en Quito y Ecuador antes de un terremoto

Constructores Positivos plantea fortalecer una red especializada de respuesta ante desastres naturales, integrada por profesionales y empresas con experiencia en diseño, construcción y evaluación de estructuras sismorresistentes.

La propuesta contempla tres etapas.

La primera es la evaluación pre-sismo. Consiste en revisar las edificaciones existentes para identificar vulnerabilidades antes de que ocurra un evento de gran magnitud.

La segunda es la evaluación post-sismo. El objetivo sería determinar rápidamente qué edificios pueden continuar habitados y cuáles deben ser evacuados, intervenidos o reforzados.

La tercera es una brigada de logística y respuesta. Esta permitiría movilizar maquinaria, recursos y personal hacia los sectores afectados para acelerar la atención después de un desastre.

La lógica es sencilla: mientras más información exista antes del terremoto, menor será la incertidumbre después del evento.

“La prevención tiene que empezar antes del terremoto. Después de un evento sísmico, el tiempo de respuesta es fundamental para determinar qué edificios son habitables y dónde se necesita intervenir”, apuntó Proaño.

No existe una construcción completamente “antisísmica”

Otro punto que el sector de la construcción considera necesario cambiar es la forma en que la ciudadanía entiende la seguridad estructural.

No existe una edificación completamente “antisísmica”. Las estructuras se diseñan para responder a determinados niveles de solicitación sísmica, bajo condiciones y parámetros técnicos específicos.

Por eso, más que buscar una vivienda “a prueba de terremotos”, el objetivo debe ser que su diseño, materiales, construcción y eventuales ampliaciones respondan a criterios técnicos.

Entre las alternativas estructurales están el hormigón armado, el acero y la madera. Cada sistema puede ofrecer soluciones adecuadas si existe un diseño correcto y una ejecución que respete las especificaciones técnicas.

También están las paredes estructurales de hormigón, que pueden formar parte de sistemas capaces de aportar estabilidad a una edificación frente a movimientos sísmicos. Este tipo de soluciones se utiliza en países de la región con alta exposición a terremotos, como Chile y Colombia.

Sismorresistencia: Ecuador debe invertir antes de que llegue el terremoto

La discusión sobre sismorresistencia suele aparecer cuando ocurre un terremoto. Sin embargo, para Ecuador el desafío es decidir cuánto invertir antes de que ocurra.

Evaluar viviendas, regularizar construcciones, reforzar estructuras vulnerables y mejorar los controles municipales tiene un costo. Pero el costo de no hacerlo puede ser mucho mayor cuando el riesgo se convierte en desastre.

El país enfrenta así una doble tarea: construir las viviendas que todavía hacen falta y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad de las que ya existen.

Eso exige coordinar a Gobierno, municipios, profesionales, empresas constructoras y propietarios.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto le costaría a Ecuador reconstruir después de un terremoto. También es cuánto puede ahorrar el país si identifica y corrige las vulnerabilidades antes de que ocurra.

La sismorresistencia, plantea Proaño, no debería tratarse como un elemento adicional que encarece una construcción, sino como una condición básica para proteger vidas y preservar el patrimonio de las familias.

“La sismorresistencia no debe ser vista como un valor agregado de una construcción, sino como una condición indispensable para proteger vidas”, concluyó. (JS)

Fuente: La Hora