El reloj corre en contra del país. En medio de un estiaje o época seca que arrancó en este mes de septiembre de 2026 y que amenaza con extenderse hasta marzo de 2027, el presidente Daniel Noboa firmó el 29 de septiembre el Decreto Ejecutivo 515. Este decreto reforma el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica con un objetivo claro: seducir y blindar al capital privado para que inyecte recursos urgentes en un sector colapsado.

Sin embargo, la urgencia debido al riesgo de apagones generalizados contrasta con los tiempos burocráticos. Aunque el decreto entra en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, la letra chica que permitirá su operatividad tardará en llegar.

Sebastián Angulo, periodista y analista económico independiente, advierte que el alcance práctico de esta reforma queda en pausa. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) tiene un plazo de ocho meses para emitir la normativa técnica y comercial. "Esas reglas definirán cómo se remuneran las nuevas actividades y qué tan viables resultan los proyectos", explica. Hasta que eso ocurra, las intenciones del decreto no podrán materializarse en nuevos megavatios.

Con corte a las 09:00 de este 30 de septiembre de 2026, el embalse de Mazar está en los 2.132,9 metros sobre el nivel del mar. Esto representa 20,1 metros por debajo de los 2.153 metros sobre el nivel del mar (nivel óptimo). El embalse de Mazar sigue cayendo a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno de Noboa que incluyen la desconexión, por un día a la semana, de grandes y medianos consumidores industriales). Hace un año, durante el 30 de septiembre de 2025, el nivel del embalse de Mazar estaba en 2.152,95 metros sobre el nivel del mar.

El anzuelo para atraer inversión privada en el sector eléctrico ecuatoriano: Certeza de cobro y cero riesgo estatal

Para cuando las reglas estén listas, el Gobierno ha diseñado un esquema que busca eliminar uno de los principales temor de los inversionistas: que el Estado no les pague.

La nueva normativa otorga a los generadores privados el primer lugar en la fila de cobros de la demanda regulada. Para garantizarlo, obliga a las empresas distribuidoras a crear fideicomisos con el dinero que recaudan de las planillas. Además, crea la figura del "Acuerdo Directo", un salvavidas para los financistas que les permite intervenir, subsanar incumplimientos o incluso cambiar de concesionario antes de que un contrato caduque, dejando claro que el Estado no asumirá deudas ni entregará garantías soberanas.

Exigencias drásticas para los grandes consumidores de electricidad en Ecuador

El decreto no solo da facilidades, también impone obligaciones. Frente a escenarios de déficit eléctrico como el actual, el operador nacional (Cenace) tendrá la potestad de desconectar a los clientes de alto voltaje, obligándolos a encender su propia generación. El plazo para que estas industrias se adapten pasó de tres a 18 meses.

El golpe de timón más fuerte va para las grandes mineras y petroleras. Aquellos proyectos conectados al sistema nacional que demanden más de 10 megavatios (MW) ya no podrán depender de la red pública: estarán obligados a autogenerar el 100% de su consumo.

Nuevos nichos de negocio eléctrico en Ecuador

La reforma gubernamental también diversifica el mercado energético ecuatoriano, abriendo puertas que antes eran de exclusividad estatal o carecían de marco legal:

• Distritos Autónomos Energéticos: Se permitirán concesiones de hasta 40 años, sin que los bienes reviertan al Estado, para integrar generación, almacenamiento y redes locales. Si se conectan a la red nacional, deberán equilibrar anualmente la energía que entregan y consumen.
• Transmisión y peajes: La empresa privada ahora podrá construir y operar redes de transmisión, cobrando un canon por disponibilidad. El almacenamiento de energía también pasa a ser una actividad formalmente remunerada.
• Venta de excedentes sin límite: Los autogeneradores privados, así como los consumidores regulados que instalen sus propios equipos, podrán inyectar y vender toda su energía sobrante a la red, pagando únicamente un cargo por el uso de la infraestructura.
• Apuesta por la transición: Se priorizan fuentes como el gas natural, hidrógeno verde e incluso energía nuclear. Los proyectos menores a 100 MW tendrán atención rápida y un despacho garantizado del 60% durante un lustro. Para los grandes proyectos (más de 100 MW), se exigirán licitaciones públicas, prohibiendo el fraccionamiento de obras para evadir este control. (JS)